Pensilvania rechaza plan de Trump para limitar acceso a cupones de alimentos
Los fiscales generales de 24 estado externaron recientemente su oposición a una prupuesta de la administración de Donald Trump, a través del Departamento de Agricultura (USDA), que busca limitar el acceso de familias de escasos recursos a los cupones de comida.
En una misiva de más de 30 páginas, los procuradores advirtieron que la propuesta para modificar qué familias pueden ser elegidas para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)limita de manera ilegal el acceso a este programa y restringe la flexibilidad de los estados para administrarlo.
“Esta propuesta cierra la puerta a las familias que necesitan asistencia y pone en peligro la seguridad alimentaria de cientos de miles de californianos trabajadores y de bajos ingresos”, dijo el Fiscal de California, Xavier Becerra.
El programa SNAP proporciona alimentos gratis a unos 40 millones de estadounidenses, alrededor del 12% de la población total de EEUU.
Actualmente, los residentes de 43 estados, incluido California, son elegibles automáticamente para recibir los cupones de comida a través de SNAP si reciben beneficios del programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Los procuradores de Nueva York, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey , Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, también se oponen a la propuesta.
SNAP is vital to helping Pennsylvanians keep from going hungry, & we must protect it from this administration. SNAP recipients in Pennsylvania include hard working families, about 700,000 children, 690,000 individuals with disabilities, & 185,000 seniors.https://t.co/ZU81hNsPe4
— Senator Bob Casey (@SenBobCasey) October 10, 2019
La propuesta de la agencia federal pretende exigir a las personas que califican automáticamente a SNAP por ser beneficiarios de TANF que pasen antes una revisión de sus ingresos, para determinar si son elegibles.
Según las estimaciones de la actual administración en la Casa Blanca, la propuesta supondrá denegar la asistencia alimentaria a 3,1 millones de personas en el país, y al mismo tiempo permitirá a las arcas federales el ahorro de $2,500 millones de dólares anuales.
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“Si esta propuesta entra en vigencia, millones de personas que dependen de la asistencia alimentaria, incluidos miles de residentes del Distrito (DC), pasarán hambre “, resaltó el procurador general del Distrito de Columbia, Karl A. Racine.
Según estimaciones de los procuradores, la propuesta tendría un impacto desproporcionado en las personas mayores, ya que más del 13% de las familias que perderían los cupones tienen un miembro de edad avanzada.
Los fiscales también advirtieron que las nuevas regulaciones atentan contra la salud pública, ya que aumentaría la inseguridad alimenticia y por consecuencia los costos de atención médica.
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